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jueves, 2 de febrero de 2012

El primo de Mariano

¿Se acuerda ustedes del primo de Mariano Rajoy? Aquel que le dijo que si los meteorólogos no le podían asegurar el tiempo que iba a hacer mañana, ¿como iban a saber lo que iba a pasar dentro de trescientos años? Aquel en cuyas opiniones se basaba Mariano para afirmar que "tampoco lo podemos convertir [el cambio climático] en el gran problema mundial" 



En estos días no he podido dejar de acordarme de Mariano y de su primo. Ando en el Departamento de Chuquisaca, en Bolivia, evaluando un proyecto que ha promovido infraestructuras de riego sostenibles en comunidades campesinas indígenas de esta zona andina.

¿El problema de estas familias? Que para ellas, el cambio climático ha supuesto una alteración de los ciclos de lluvia y una reducción de las mismas. Para estas familias, el cambio climático no es una entelequia que pueda llegar dentro de trescientos años. Para estas familias, el cambio climático ha supuesto una drástica reducción en sus cosechas de patata y maíz, de las que se alimentan. Para estas familias, el cambio climático supone pasar hambre. 

Pero resulta que el pobre Mariano no es un experto en estas cuestiones. El problema no es que el pobre Mariano no sea un experto en esas cuestiones. Seguro que tampoco lo es en muchas otras. El problema es que se atreva a decir tonterías sin saber de lo que habla. ¿Aplicará los mismos criterios en la gestión del país que preside? ¿Cuándo las cosas no vayan bien, se disculpará diciendo que no es un experto en economía, o en salud, o en educación? 

miércoles, 14 de diciembre de 2011

El futuro de la cooperación valenciana

Hace algunas semanas, en la columna semanal en L'Informatiu hacía referencia a una noticia publicada en la prensa en la que el responsable de la cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip, anunciaba el negro futuro que le espera a la cooperación valenciana.

Ayer acudí a un evento organizado por la Dirección General que encabeza el mencionado señor Felip. En teoría se trataba de socializar los resultados de la evaluación del Programa ERATI, una intervención coordinada entre tres ONGD (Ayuda en Acción, Médicus Mundi y Consejo Interhospitalario de Cooperación) y cofinanciada por la Generalitat Valenciana.  


Aunque en realidad, esa socialización de los resultados de la evaluación apenas duró 15 minutos (cabe felicitar a Josefina Piñon, por la increíble capacidad de síntesis), lo mismo que dedicó el señor Felip, a modo de clausura del evento, a reiterar sus lúgubres planes para la cooperación valenciana. En resumen: el mundo occidental está en crisis, ergo no hay dinero para la cooperación. 

No tengo duda que el señor Felip es consciente de la cantidad de aportes que el programa ERATI ha hecho para contribuir a mejorar la salud de la población mozambiqueña con los 7,5 millones de euros que ha aportado la Generalitat Valenciana. Justo la mitad de los 15 millones de euros que pagó a Calatrava por las maquetas de unas torres que nunca se construyeron. Menos de un 7% de los 110 millones de euros  que le va a costar la broma de la Fórmula 1. Apenas un 3% de los entre 200 y 300 millones de euros que ha enterrado en Terra Mítica. Por poner sólo algunos ejemplos. Señor Felip, ¿porqué le llaman crisis cuando quieren decir expolio?

En su intervención, el señor Felip afirmó "que las ONGD se tendrán que replantear su futuro". Y en eso si estoy de acuerdo. Y deberían  analizar con atención lo que han hecho en el pasado. ¿Cómo es posible que ante los terribles recortes en el presupuesto de cooperación de la Generalitat Valenciana, una campaña de recogida de firmas lanzada por la Coordinadora Valenciana de ONGD apenas haya recabado 5.000 firmas? 

sábado, 8 de octubre de 2011

Evaluación de políticas públicas (II)

Hace un par de semanas, escribía una columna en L'Informatiu sobre la cuasi inexistente cultura de evaluación de políticas públicas en este país. Resulta complejo saber que opinan sobre el tema los partidos políticos que se presentarán a las elecciones generales porque, a estas alturas, todavía no están disponibles sus programas electorales. Reconozco que es algo que nunca he logrado entender... a escaso mes y medio de las elecciones, ¿están pensando qué es lo que van a hacer si las ganan? 

De momento, lo más consistente que he logrado leer son los documentos de la Convocatoria Social para 7 Revoluciones de Izquierda Unida, su "proceso participativo por un nuevo programa político para la izquierda". Entre estas siete revoluciones que plantean, se encuentra la Revolución democrática. 


Leo el documento marco de este eje temático, y en la página 5, entre los elementos que apuntan como necesarios para la participación, incluyen "crear instrumentos de evaluación de las políticas públicas". 

Saludo la iniciativa de Izquierda Unida, y espero que cunda el ejemplo y esta cuestión se incorpore en más de un programa electoral.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Evaluación de políticas públicas

(Publicada en L'Informatiu el 22 de septiembre de 2011. Ver aquí)
(Publicada en Rebelion el 24 de septiembre de 2011. Ver aquí)

Fue a mediados de 2006, siendo Jordi Sevilla ministro de Administraciones Públicas, cuando se aprobó la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos  que, entre otras cosas, autorizaba al gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A finales de ese mismo año se aprobaba el Real Decreto por el que se aprobaba el Estatuto de esta Agencia. 

Cuatro años después, el propio Jordi Sevilla afirmaba en una entrevista al diario económico Expansión que “la Administración es ‘reticente’ a que se evalúen sus políticas”. Sólo hace falta dar un vistazo al Acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de este mismo año por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia, para confirmar que el exministro no anda falto de razón. Apenas seis evaluaciones previstas. 

Pero ¿qué implica evaluar -o no evaluar- las políticas públicas? En la presentación de la Agencia en su página web nos dan algunas pistas: “La Agencia (…) desarrolla una actividad institucional (muy escasa, añadiría yo) en la que se une la voluntad de mejorar la calidad de los servicios públicos con la de racionalizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas ante los ciudadanos. En esta línea, la evaluación constituye una herramienta esencial para conocer los efectos y resultados de las intervenciones públicas”.

En teoría, los políticos (y las políticas) toman decisiones para conseguir determinados objetivos. En la práctica, evaluar las políticas públicas significaría analizarlas para saber en qué medida aquellas decisiones contribuyen a conseguir esos objetivos. Conocer si las decisiones tomadas fueron las apropiadas o se podían haber tomado otras mejores. Averiguar si los recursos se invirtieron de la mejor manera posible. Y obtener aprendizajes para mejorar en el futuro. En definitiva, como también se afirma en la web de la Agencia, “un instrumento de buen gobierno”.

Y sin embargo, el panorama de la evaluación de políticas públicas en las administraciones españolas (la central, las autonómicas y las municipales) es absolutamente desolador. Casi nadie evalúa casi nada. Porque evaluar implicaría explicitar qué es lo que se pretende conseguir con una determinada política pública, definir las actuaciones necesarias para conseguirlo, y analizar a posteriori en que grado se consiguió lo que se pretendía. Y a eso están dispuestos muy pocos políticos (y políticas). Probablemente, porque saldrían muy mal parados. 

Pareciera que a nuestros políticos (y políticas) lo único que les interesa evaluar son los resultados de las encuestas en periodos preelectorales. Prometer en función de aquello que consideran que va a mejorar estas encuestas, y una vez pasaron las elecciones, si te he visto, no me acuerdo.

Me atrevo a sugerir a los movimientos que reclaman una democracia real que incluyan entre sus reivindicaciones una apuesta clara por la evaluación de las políticas públicas. Tenemos derecho a saber, no sólo en qué se invierten nuestros impuestos, sino que resultados se obtienen con esa inversión. Y que esa información sea pública y transparente.