(Publicada en Rebelion el 24 de septiembre de 2011. Ver aquí)
Fue a mediados de 2006, siendo Jordi Sevilla ministro de Administraciones Públicas, cuando se aprobó la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos que, entre otras cosas, autorizaba al gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A finales de ese mismo año se aprobaba el Real Decreto por el que se aprobaba el Estatuto de esta Agencia.
Cuatro años después, el propio Jordi Sevilla afirmaba en una entrevista al diario económico Expansión que “la Administración es ‘reticente’ a que se evalúen sus políticas”. Sólo hace falta dar un vistazo al Acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de este mismo año por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia, para confirmar que el exministro no anda falto de razón. Apenas seis evaluaciones previstas.
Pero ¿qué implica evaluar -o no evaluar- las políticas públicas? En la presentación de la Agencia en su página web nos dan algunas pistas: “La Agencia (…) desarrolla una actividad institucional (muy escasa, añadiría yo) en la que se une la voluntad de mejorar la calidad de los servicios públicos con la de racionalizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas ante los ciudadanos. En esta línea, la evaluación constituye una herramienta esencial para conocer los efectos y resultados de las intervenciones públicas”.
En teoría, los políticos (y las políticas) toman decisiones para conseguir determinados objetivos. En la práctica, evaluar las políticas públicas significaría analizarlas para saber en qué medida aquellas decisiones contribuyen a conseguir esos objetivos. Conocer si las decisiones tomadas fueron las apropiadas o se podían haber tomado otras mejores. Averiguar si los recursos se invirtieron de la mejor manera posible. Y obtener aprendizajes para mejorar en el futuro. En definitiva, como también se afirma en la web de la Agencia, “un instrumento de buen gobierno”.
Y sin embargo, el panorama de la evaluación de políticas públicas en las administraciones españolas (la central, las autonómicas y las municipales) es absolutamente desolador. Casi nadie evalúa casi nada. Porque evaluar implicaría explicitar qué es lo que se pretende conseguir con una determinada política pública, definir las actuaciones necesarias para conseguirlo, y analizar a posteriori en que grado se consiguió lo que se pretendía. Y a eso están dispuestos muy pocos políticos (y políticas). Probablemente, porque saldrían muy mal parados.
Pareciera que a nuestros políticos (y políticas) lo único que les interesa evaluar son los resultados de las encuestas en periodos preelectorales. Prometer en función de aquello que consideran que va a mejorar estas encuestas, y una vez pasaron las elecciones, si te he visto, no me acuerdo.
Me atrevo a sugerir a los movimientos que reclaman una democracia real que incluyan entre sus reivindicaciones una apuesta clara por la evaluación de las políticas públicas. Tenemos derecho a saber, no sólo en qué se invierten nuestros impuestos, sino que resultados se obtienen con esa inversión. Y que esa información sea pública y transparente.
