(Publicada en L'Informatiu el 26 de abril de 2012. Ver aquí)
Contexto: 18 de abril. Programa de RTVE: La noche en 24 horas. Invitado: Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Entre los temas abordados, como no, la nacionalización de YPF por el gobierno argentino. En determinado momento, el periodista Eduardo San Martín pregunta al diputado si el gobierno español no debería defender los intereses de los ciudadanos españoles. El día siguiente, el periodista reafirma su opinión en Twitter con el siguiente mensaje: “¿Expropiación legal? Eso lo dirán los tribunales. Insisto: un Estado defiende sus ciudadanos, cooperantes o accionistas”.
La semana pasada escribí en este mismo espacio sobre la “españolidad” de Repsol. En todo caso, podemos afirmar que un 22,84% del capital de Repsol pertenece a dos empresas “españolas” (Sacyr y Caixabank), un 9,90% a otros inversores institucionales españoles y un 10,80% a accionistas minoritarios españoles. ¿Debería entonces, como sugiere el señor San Martín, defender el gobierno español los intereses de esos accionistas?
Sacyr Vallehermoso, como es bien sabido, es una de las principales constructoras españolas. Caixabank, uno de los principales grupos financieros del país. Como tales, han tenido un papel activo en el hinchado de la burbuja inmobiliaria responsable en buena medida de la crisis que ahora sufrimos.
La constructora ha mostrado un permanente interés por la españolidad de Repsol. En 2008 negoció con la petrolera rusa Lokoil la venta de sus participaciones. Tras la fallida operación, en 2011 negoció con la mexicana Pemex para hacerse con el control de la petrolera. De las relaciones y negocios conjuntos de uno de los principales accionistas de Sacyr, Juan Abelló, con personajes de la honorabilidad de Mario Conde, tal vez hablamos en otro momento.
¿Son esos los intereses españoles que debe defender el gobierno español? ¿O los de los pequeños accionistas españoles que inocentemente invirtieron sus ahorros en acciones de Repsol? ¿Qué pecado han cometido esos pequeños accionistas?
Esos pequeños accionistas simplemente pretendían rentabilizar sus ahorros obteniendo una parte de la tajada de las plusvalías generadas por una empresa que, como comentábamos la semana pasada, tiene actividad en al menos 14 países considerados paraísos fiscales, dedica a ese reparto de beneficios lo que no dedica a mejorar las condiciones salariales de sus empleados, y acumula denuncias por violación de derechos humanos y contaminación del medio ambiente. ¿Inocentes?
Me parecen mucho más inocentes los indígenas mapuches de Neuquén (Argentina), los guaraníes de Itika Guasu (Bolivia), o los waorani, tagaeri y taromenane de la amazonía ecuatoriana que han venido sufriendo violaciones de derechos humanos por parte de Repsol. Y puestos a elegir que intereses defender, a mí no me queda ninguna duda.
PD. El gobierno del PSOE tampoco parecía tener ninguna duda. Poco antes de perder las elecciones concedió una subvención de 149.932 euros a la Fundación Repsol YPF para la ejecución de un proyecto en zona de influencia de la operación de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana.
