¿Empresas españolas?

(Publicada en L'Informatiu el 19 de abril de 2012. Ver aquí)

“El gobierno anuncia que adoptará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior”. Estas palabras fueron pronunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, en su comparecencia conjunta con el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras conocerse la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar YPF.

A ese discurso hostil del gobierno español se han sumado con entusiasmo la mayoría de los medios de comunicación y desinformación españoles. Es absolutamente sonrojante el nivel de fanatismo nacionalista español de estos medios que, paradójicamente, acusan de populismo nacionalista al gobierno argentino.

La primera de las mentiras esgrimidas para sostener este discurso hostil es la españolidad de Repsol. Una simple mirada a la web de la empresa permite constatar la falacia. La suma de participaciones en manos de la mexicana Pemex (9,49%) y de fondos de inversión extranjeros (42%) supera el 50%. 

Pero no es ésta la única, ni siquiera la principal mentira. Repsol es, y seguiría siéndolo aunque el 51% de sus participaciones fueran propiedad de accionistas españoles, de sus dueños. Lo único cierto es que YPF pasará ahora a ser argentina, porque el principal propietario será el estado argentino.

Personalmente, más allá de la nacionalidad de sus propietarios, me preocupa su política empresarial. Algo que no ha parecido preocuparle hasta ahora ni al gobierno ni a la prensa española. 

Según el informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Análisis del Ejercicio 2010” publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Repsol estaba presente mediante filiales y/o participadas en al menos 14 países considerados paraísos fiscales. El economista y diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón ha denunciado que sus beneficios entre 1998 y 2007 crecieron un 11,97%, y que en ese mismo período el salario promedio de sus empleados y empleadas únicamente creció un 1,71%. Mientras, se acumulaban las denuncias de organizaciones internacionales por violación de derechos humanos y contaminación del medio ambiente. 

Y siguiendo con las mentiras (o medias verdades), otra de las esgrimidas es que YPF era una empresa ruinosa en manos del gobierno argentino y que Repsol la ha reflotado con  una gestión eficiente. 

Si bien es cierto que YPF arrojaba pérdidas cuando fue privatizada, no es menos cierto que la principal causa de esta situación fue la deliberada política de endeudamiento fraudulento en que la empresa fue involucrada por el gobierno militar argentino, política que tuvo su continuación durante el gobierno de Carlos Saúl Ménem (que recuperó como ministro de Economía al que fuera presidente del Banco Central durante la dictadura, Domingo Cavallo) y que facilitó su privatización con el argumento -apoyado estratégicamente por los principales grupos de comunicación argentinos- de la mala gestión pública.

¿Les suena de algo la jugada? Deliberada mala gestión de lo público, cacareada por los principales grupos de comunicación y desinformación, para justificar la privatización en manos de los amigos de los responsables de la mala gestión pública. No hace falta irse a Argentina, ni remontarse a década pasadas, para encontrar ejemplos. 

Sin ir mucho más lejos, fue en 1989 cuando Repsol comenzó a dejar de ser una empresa verdaderamente española, una empresa pública española. Un año antes había comenzado a dejar de ser española Endesa. Luego dejarían de ser españolas Telefónica, Argentaria, Aceralia y tantas otras. 

Mientras nuestros gobernantes salen a la palestra con discursos grandilocuentes en defensa de empresas supuestamente españolas, sus políticas facilitan que en un futuro cercano ni siquiera la sanidad y la educación sean verdaderamente españolas. En la práctica, la privatización de la educación en los últimos años ya la está poniendo en manos de una empresa extranjera. La Iglesia Católica es, en sentido estricto, una empresa vaticana.