L’Informatiu lo publicaba esta semana. Los recortes de la Generalitat Valenciana afectarán a la educación. A los anunciados 132 millones de euros de recorte a las universidades públicas se suman 900 vacantes menos de profesores de primaria y secundaria. Y lo que puede estar por llegar. Viendo lo que acontece en otras comunidades autónomas, los recortes en educación pueden seguir creciendo.
El día después, Samuel Sebastian afirmaba en este mismo diario que els polítics no s’estimen l’educació. Yo no acabo de estar de acuerdo con Samuel. Lo que no aprecian los políticos, al menos los políticos que nos han gobernado en las últimas décadas, es la educación pública.
La educación pública es, sin duda alguna, el principal elemento de promoción de una igualdad real en muchos aspectos. De la misma manera, una educación segregadora (por clase social) es un arma poderosa en manos de las clases poderosas para mantener sus privilegios.
Hace años que un buen amigo me insiste en que sería necesario conocer en qué centros educativos estudiaron nuestros gobernantes. ¿Cuántos de ellos, y de ellas, estudiaron en colegios públicos? ¿Cuántos en institutos de secundaria públicos?
Como en otras ocasiones, recurro al ejemplo latinoamericano. Cualquiera que haya visitado en alguna ocasión América Latina (con un poco de curiosidad observante) acordará conmigo que en la mayoría de los países de la región existe una brutal segregación educativa. Los hijos e hijas de las clases poderosas van a colegios privados, mientras que la educación pública, destruida durante años por los sucesivos gobernantes, queda para los hijos y las hijas de la clase trabajadora. Esta situación es, como decía, un arma poderosa para mantener los privilegios de las clases dominantes porque activa dos mecanismos. En primer lugar, porque la educación de calidad se reserva para los hijos e hijas de los poderosos. En segundo lugar porque esos centros educativos privados se convierten en espacios de relacionamiento privilegiado. Los hijos y las hijas de los poderosos se conocen desde pequeños, establecen redes sociales que luego determinan círculos de poder.
Atacar la educación pública es por tanto una estrategia clave para los que desean mantener sus privilegios de clase.
Pero, ¿sucede sólo en América Latina? Hace meses que miles de personas salen a la calle en nuestro territorio a gritar que no nos representan. Entonces, ¿qué intereses representan nuestros gobernantes? Y en concreto, ¿que intereses educativos representan nuestros gobernantes más cercanos?
Hace años que un buen amigo me insiste en que sería necesario conocer en qué centros educativos estudiaron nuestros gobernantes. ¿Cuántos de ellos, y de ellas, estudiaron en colegios públicos? ¿Cuántos en institutos de secundaria públicos? Sería interesante conocer, por ejemplo, cuantos de los 99 diputados y diputadas autonómicos estudiaron en centros educativos públicos. Y sin embargo, aunque en alguna ocasión intenté averiguar, es una información difícil de conseguir. ¿Se animan a ayudarme?
Les lanzo una propuesta. Sólo son 99. Les dejo una dirección de correo electrónico (dondeestudiaron@gmail.com). Si tienen información de en qué colegio o en qué instituto estudiaron nuestros representantes, ¿me cuentan? A ver si entre todos y todas somos capaces de construir el mapa educativo de las Cortes Valencianas.
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