sábado, 31 de marzo de 2012

Desde Centroamérica, razones para una huelga

(Publicada en L'Informatiu el 28 de marzo de 2012. Ver aquí)

En las últimas dos semanas y media he tenido la posibilidad de conversar con dirigentes y conocedores del movimiento sindical centroamericano. El bajo nivel de afiliación sindical y la mala imagen social de los sindicatos son dos de los problemas que han aparecido recurrentemente en estos diálogos.

Los niveles de afiliación sindical en Centroamérica oscilan, según datos de la OIT, entre el exiguo 2% de Guatemala y el 13% de Panamá. En España la cifra se sitúa alrededor del 15%, una de las más bajas de Europa. Si hablamos de imagen social, en España tampoco hay motivos para el entusiasmo. A los errores propios de las centrales sindicales, que los ha habido y los sigue habiendo, tenemos que sumar una creciente campaña de acoso y derribo orquestada desde los sectores más conservadores del país.

¿Similitudes? No es la primera vez que en este espacio escribo acerca del proceso de “latinoamericanización” que estamos sufriendo en España. Conforme pasan los meses y se suceden los acontecimientos, esa percepción se acentúa. Cada  vez me resulta más evidente que lo acaecido en el subcontinente latinoamericano en las décadas pasadas puede ofrecernos unos aprendizajes de incalculable valor a los que vivimos del otro lado del océano.

Y no me siento sólo en esta percepción. Escucho en San Salvador la entrevista que la red Nosotras en el mundo le hace a la delegada en el país de la ONG española ISCOD, Alba Alonso, sobre la reforma laboral en España y la huelga general del 29M. Ante las explicaciones de Alba, una de las entrevistadoras comenta: “Yo lo pienso al nivel de las políticas implementadas en Centroamérica que tienen que ver con la maquila y la promoción de la inversión. Entonces tenés contratos flexibles, mano de obra barata… Entonces, bueno, Latinoamérica trasladada… Que me da la impresión, ¿no? que son políticas laborales latinoamericanas trasladadas…

Para quien no conozca qué son las maquilas, recomiendo la lectura de esta clarificadora explicación elaborada por Oti Margarit, de la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià.

¿Hacen falta más motivos para ir el próximo jueves a la huelga? Podríamos realizar análisis complejos, pero a menudo la simplicidad es más efectiva. En uno de los libros que cargo en la mochila en estas semanas para ocupar los huecos muertos, la nicaragüense Mónica Baltodano lo explica con simplicidad rotunda: “Si los sindicatos son la expresión de la organización de los trabajadores (…) los dueños de los medios de producción tratarán de debilitarlos, de dividirlos, de atraerlos”.

La reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy es un ataque sin precedentes, en el último periodo democrático del país, de los representantes de los medios de producción hacia la clase trabajadora. Un instrumento al servicio de la clase empresarial para seguir incrementando sus beneficios a costa de reducir los derechos de los asalariados. Derechos que, no lo olvidemos, no han caído del cielo. Se consiguieron a través de décadas de luchas de las trabajadoras y los trabajadores organizados. Una herramienta, en definitiva, para que unos pocos puedan vivir mejor, obscenamente mejor, a costa de que la mayoría viva peor, indignamente peor.

Porque hay un hecho que es innegable. Nosotros, nosotras, los perjudicados y perjudicadas por la reforma laboral somos más. Pero no basta con ser más. Hay que demostrar que somos más, y que somos más fuertes. Y una buena manera de demostrarlo es salir masivamente el jueves a la calle a defender nuestros derechos.

PD. El jueves no sólo se saldrá a la calle en España. En los pasados días, Rodrigo Aguilar Arce, Secretario General de la CSU (Consejo Sindical Unitario de América Central y del Caribe) hacía un llamado a las centrales sindicales de la subregión a “manifestarse frente a las embajadas de España, como un acto de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras afiliados a UGT y CCOO por la lucha que libran contra las medidas agresivas y lesivas a sus derechos aprobadas por el actual presidente Mariano Rajoy”.

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