¿Democracia?

(Publicada en L'Informatiu el 19 de enero de 2012. Ver aquí)

Dice el diccionario de la Real Academia Española que democracia es una “doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”, o en su segunda acepción, al “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”. Sigo buscando en el mismo diccionario, que define pueblo –en su tercera acepción– como “conjunto de personas de un lugar, región o país” y –en su cuarta acepción– como “gente común y humilde de una población”.

Resulta más que evidente que en el sistema en el que vivimos no es el conjunto de personas, ni mucho menos la gente común y humilde, la que predomina en el gobierno político del Estado.

Día a día vamos conociendo, con cuentagotas, los patrimonios de los que gozan buena parte de nuestros representantes políticos. Hay quienes quieren situar la cuestión es la legalidad de esos acumulamientos patrimoniales. Y esa es una parte de la cuestión, pero no la fundamental.

La cuestión fundamental es que la mayoría de nuestros representantes políticos no forman parte de esa gente común y humilde de la población. Aunque resulta complejo tener información precisa (¿de qué transparencia nos hablan entonces?), me arriesgo a aventurar que la mayoría de sus hijos e hijas estudian en colegios privados, tienen seguros médicos privados, no tienen problemas para pagar sus hipotecas, tienen planes de pensiones que les garantizarán un retiro desahogado, y no tienen problemas para llegar a fin de mes.

Ninguno de nuestros representantes políticos se encontrará cada mes con el dilema de pagar la hipoteca o llenar la nevera. Ninguno se encontrará ante la duda de ir al médico por un dolor de cabeza por ahorrarse los pocos euros que le costará la visita, o de comprar después de la visita los medicamentos por ahorrarse otros pocos euros más.

Cada vez que los medios de comunicación y desinformación nos cuentan de una nueva “reforma” (¡acostúmbrense al nuevo lenguaje!) hacen la inmediata traducción a los euros de ahorro que supone. Nunca a los recortes de derechos que supone para la gente común y humilde de la población, a los efectos que supondrá sobre ella, ni a las luchas de nuestros antepasados por conseguir esos derechos.

Porque conviene recordar que los derechos laborales que ahora “reforman” con una simple decisión gubernamental, no llegaron de golpe por otra simple decisión gubernamental, sino por el esfuerzo y la vida de los que enterramos. Tampoco cayeron del cielo la educación y la sanidad pública. Lo que ahora desmantelan a golpe de decreto costó sudor y lágrimas a nuestros antepasados.

Independientemente de la legalidad con la que amasaron sus patrimonios, el hecho es que los tienen y los defienden con los votos de los que no los tienen. Y no se engañen, parte de esa defensa pasa por perpetuar un sistema en el que los que amasaron sus patrimonios de forma ilegal nunca paguen por ello.